Francia acusó este lunes a una unidad especializada en operaciones informáticas de los Guardianes de la Revolución de Irán de estar detrás de una serie de ciberataques que alteraron el funcionamiento de los refrigeradores y congeladores de supermercados europeos. El gobierno de Emmanuel Macron anunció que impulsará sanciones en el ámbito de la Unión Europea (UE), mientras la Justicia francesa inició un procedimiento para identificar y detener a los presuntos responsables de las operaciones.
El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, confirmó que los investigadores atribuyeron a Teherán el ataque registrado en territorio francés durante la madrugada del 12 de octubre. La ofensiva alcanzó los sistemas de refrigeración de establecimientos comerciales y provocó pérdidas de productos alimenticios, además de incidentes que comprometieron la seguridad de algunas instalaciones.
"Puedo confirmar que la responsabilidad de este ataque recae en el cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán. Es un ataque de una magnitud sin precedentes y de una agresividad inédita", declaró Barrot durante una conferencia de prensa en París, en el marco de un encuentro con sus homólogos del G7.
El jefe de la diplomacia francesa informó que las autoridades convocaron al embajador iraní para transmitirle una protesta formal. También anticipó medidas contra las personas y estructuras involucradas: "Habrá sanciones a nivel europeo contra todos los responsables de este ataque".
La preocupación se extendió más allá de Francia después de que, el 2 de noviembre, supermercados de Bélgica, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia detectaran anomalías similares. En esos países, los equipos de refrigeración registraron aumentos inusuales de temperatura que obligaron a retirar y desechar alimentos que habían perdido las condiciones necesarias para su conservación.
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, señaló que los representantes del G7 recibieron información sobre las conclusiones francesas y adelantó que el asunto sería tratado en la reunión de ministros de Exteriores de la UE. La funcionaria estonia planteó la necesidad de analizar una "respuesta fuerte" frente a las operaciones atribuidas a Irán.
La Fiscalía de París identificó como principal sospechoso al grupo Shahid Kaveh, una estructura dedicada a operaciones cibernéticas ofensivas que depende del Centro Electrónico y Cibernético de los Guardianes de la Revolución (IRGC-CEC).
La fiscal Laure Beccuau comunicó la apertura de una investigación judicial contra el responsable de esa organización, sus dos principales colaboradores y cualquier otra persona que pueda ser identificada durante las pesquisas. Los investigadores también solicitaron órdenes de detención internacional para avanzar sobre los sospechosos.
El expediente contempla delitos relacionados con ataques informáticos contra sistemas automatizados y daños provocados mediante procedimientos que pueden representar un peligro para las personas. La Fiscalía considera, además, el agravante de que las acciones habrían sido ejecutadas para favorecer los intereses de una potencia extranjera, en este caso Irán.
Las conclusiones surgieron de varias semanas de trabajo de la Oficina contra los Delitos Informáticos y la Dirección General de Seguridad Interior, con asistencia de otros organismos especializados del Estado francés.
Entre los elementos que permitieron orientar las sospechas hacia Shahid Kaveh figuran el empleo del idioma persa durante las operaciones y la utilización de direcciones IP vinculadas con dispositivos ubicados en territorio iraní. Para los investigadores, ambos indicios coinciden con procedimientos previamente asociados a esa unidad.
La investigación reconstruyó un mecanismo que permitió a los atacantes manipular a distancia los equipos instalados en los establecimientos comerciales. Mediante el acceso a interfaces web, consiguieron modificar los parámetros de funcionamiento de los dispositivos y activar ciclos de descongelamiento anormales, sin establecer un límite de duración.
Al mismo tiempo, deshabilitaron las alertas de las sondas encargadas de detectar temperaturas superiores a los niveles permitidos. De esa manera, los sistemas podían permanecer alterados sin que los mecanismos habituales de advertencia notificaran oportunamente el problema.
En Francia, la operación comprometió casi 700 puntos de distribución, según precisó Barrot. Además de los alimentos que debieron descartarse, las autoridades registraron daños materiales y principios de incendio.
